El Gobierno japonés ha decidido exigir prueba de dominio del idioma japonés a los que soliciten el visado de ingeniero, especialista en humanidades o servicios internacionales para trabajos en los que el uso del japonés sea necesario.
La medida forma parte de una revisión de la política migratoria con la que Tokio quiere reforzar el control sobre uno de los permisos laborales más utilizados por trabajadores extranjeros cualificados.
Según la nueva línea que prepara el Ejecutivo, los solicitantes deberán acreditar un nivel B2 de japonés en el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas, un umbral equiparable al N2 del Japanese-Language Proficiency Test (JLPT). Hasta ahora, este visado exigía principalmente formación universitaria o experiencia profesional relevante, pero no incluía como requisito general una certificación formal de idioma.
La revisión podría aprobarse ya a mediados de abril y responde a una preocupación cada vez más visible dentro de la administración japonesa: la entrada de personas con un estatus pensado para profesiones técnicas o de oficina que acaban desempeñando trabajos no cualificados no permitidos bajo ese mismo visado. En otras palabras, el Gobierno quiere cerrar una grieta que considera demasiado explotada.
La nueva exigencia no afectará a todos por igual. Según la política prevista, se aplicará a los nuevos solicitantes de residencia que entren en Japón para desempeñar trabajos que requieran japonés. En cambio, los estudiantes internacionales que ya se encuentren en el país y quieran cambiar a este estatus de residencia quedarán exentos de esta obligación.
El endurecimiento no se limita al idioma. El Ejecutivo también prevé impedir que acepten trabajadores con este tipo de visado aquellas empresas que ya hayan sido suspendidas para recibir personal bajo el controvertido programa de becarios técnicos o el sistema de trabajadores cualificados específicos debido a infracciones como agresiones, abusos o impago de salarios. Esa prohibición se mantendría hasta que expire el periodo de sanción, fijado en cinco años.
La decisión encaja con una línea más amplia del Gobierno japonés, que en enero ya elaboró un paquete integral de medidas sobre la aceptación de ciudadanos extranjeros. En ese documento, el Ejecutivo señalaba expresamente la necesidad de actuar frente a los casos en los que trabajadores extranjeros acaban realizando tareas que no corresponden con la cualificación asociada a su permiso de residencia.
El contexto también ayuda a explicar el movimiento. A finales de 2025, Japón contaba con alrededor de 4,13 millones de residentes extranjeros, según la Agencia de Servicios de Inmigración. Dentro de ese total, quienes tenían el visado de ingeniero, especialista en humanidades o servicios internacionales sumaban aproximadamente 475.000 personas, lo que convierte a esta categoría en el segundo mayor grupo de residentes extranjeros del país, solo por detrás de los residentes permanentes.
La reforma, por tanto, no afecta a un nicho menor, sino a una de las grandes vías de entrada de mano de obra extranjera cualificada en Japón. Y también revela un equilibrio cada vez más delicado en la política migratoria japonesa: el país necesita trabajadores, pero quiere ejercer un control más estricto sobre dónde trabajan, bajo qué condiciones y con qué nivel de integración lingüística llegan.
En la práctica, la nueva exigencia manda un mensaje bastante claro. Japón no solo quiere atraer talento extranjero, sino asegurarse de que ese talento encaje con más precisión en el puesto para el que entra y en el marco legal que regula su estancia. El filtro del idioma pasa así a convertirse en una herramienta más de selección, pero también en una barrera adicional para quienes aspiren a entrar al mercado laboral japonés por esta vía.
