
Un caso ocurrido en la prefectura de Aichi volvió a poner el foco sobre una realidad que en Japón se toma muy en serio: invadir las vías ferroviarias puede acabar saliendo extremadamente caro.
En noviembre de 2021, un estudiante de secundaria entró con su bicicleta en una zona de vías en la ciudad de Kiyosu y fue enviado posteriormente al juzgado de familia, en un episodio que reabrió el debate sobre las consecuencias legales de este tipo de actos.
Según explicó el abogado Takuo Akino, del bufete Takumi, este tipo de conductas puede derivar en tres tipos principales de responsabilidad penal, dependiendo de la gravedad de lo ocurrido y del impacto que tenga sobre la circulación ferroviaria.
La primera posibilidad es una infracción de la Ley de Negocios Ferroviarios, que se aplica cuando una persona entra en las vías sin autorización. En estos casos, la sanción puede traducirse en una multa de hasta 10.000 yenes.
La segunda vía penal aparece cuando la conducta pone realmente en riesgo la circulación de los trenes. Ahí entran delitos relacionados con el peligro para el tráfico ferroviario, por ejemplo si se colocan objetos en la vía o se genera una situación que pueda afectar a la seguridad de los convoyes. En esos supuestos, las penas pueden ser mucho más graves, con posibilidad incluso de prisión.
La tercera figura que puede entrar en juego es la obstrucción de la actividad empresarial. Esto puede ocurrir si una persona invade las vías, desobedece al personal ferroviario y termina provocando retrasos o la suspensión del servicio. En ese caso, la acción deja de ser solo una intrusión y pasa a afectar directamente al funcionamiento de la operadora.
Pero el verdadero golpe económico puede llegar por la vía civil. Aunque la persona ya haya sido multada o castigada penalmente, la compañía ferroviaria puede reclamar además una indemnización por daños y perjuicios si el incidente le ha generado pérdidas.
Esos daños pueden incluir varios conceptos:
- costes de reparación del material si se ha producido algún desperfecto
- reembolsos o compensaciones a pasajeros por retrasos
- gastos de transporte alternativo o servicio sustitutivo
- y otros costes operativos derivados de la interrupción de la línea
La cuantía final depende de cada caso, ya que no es lo mismo un incidente menor en una franja de baja demanda que un parón prolongado en hora punta. Aun así, el artículo recordaba que en el pasado la familia de una persona fallecida en un atropello ferroviario llegó a recibir una reclamación superior a los 7 millones de yenes por parte de la empresa afectada.
El mensaje de fondo es bastante claro: en Japón, entrar en las vías no se considera una travesura ni una simple falta de sentido común, sino una conducta que puede poner en peligro vidas, alterar un sistema de transporte extremadamente sensible y generar pérdidas muy elevadas.
Por eso, incluso un gesto aparentemente impulsivo o “sin pensar” puede terminar con consecuencias legales y económicas muy serias. Como resumía el abogado citado, hasta un acto frívolo puede acabar convertido en una reclamación de millones de yenes.



