Japón ha abierto el debate sobre la incorporación de más trabajadores extranjeros a la seguridad privada ante la falta de personal que arrastra el sector. La Agencia Nacional de Policía ha decidido crear un panel de expertos que estudiará si estas actividades pueden incluirse en programas de residencia laboral destinados a cubrir profesiones con escasez de mano de obra.
La propuesta está todavía en fase de estudio. No existe por ahora una decisión definitiva sobre nuevas categorías de visado, cuotas de entrada ni funciones concretas que puedan desempeñar estos trabajadores.
Una plantilla envejecida y pocas candidaturas
Según los datos manejados por la policía, en los últimos años ha habido entre cinco y seis ofertas de empleo por cada solicitante en los servicios de seguridad, muy por encima del promedio general del mercado laboral japonés.
El envejecimiento de la plantilla añade presión. A finales de 2025, el 47,3 % de las personas que trabajaban en este sector tenía 60 años o más.
La Ley de Empresas de Seguridad no establece una prohibición general por nacionalidad. Por eso, extranjeros con residencia permanente, cónyuges de ciudadanos japoneses u otros estatus sin restricciones laborales ya pueden trabajar como guardias de seguridad. La cuestión que se plantea ahora es si el sector debe incorporarse también al sistema de Habilidades Específicas y al nuevo programa de Capacitación y Empleo que sustituirá al actual sistema de prácticas técnicas.
Idioma y funciones estarán entre los puntos a decidir
El grupo de trabajo deberá estudiar qué nivel de japonés se exigirá, qué trabajos podrán realizar los empleados extranjeros y qué límites o salvaguardas serán necesarios en actividades relacionadas con la protección de personas, propiedades e instalaciones sensibles.
La primera reunión del panel está prevista para el 16 de septiembre. La Agencia Nacional de Policía espera reunir sus conclusiones en un informe en enero de 2027. Hasta entonces, cualquier ampliación del acceso de trabajadores extranjeros a este sector debe considerarse una posibilidad en estudio y no una norma aprobada.
