La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón informó de que en 2025 se cancelaron 1.446 estatus de residencia, lo que supone 262 casos más que en 2024 y un aumento del 22,1 % interanual. El organismo lo presentó como un nuevo máximo histórico dentro del sistema actual.
Por nacionalidades y regiones, Vietnam encabezó con claridad la lista con 947 cancelaciones, es decir, alrededor del 65,5 % del total. Muy por detrás aparecieron Indonesia, con 94 casos, y Sri Lanka, con 91.
La categoría de residencia más afectada fue la de pasante técnico (技能実習 / ginou jisshu), con 973 cancelaciones, equivalente al 67,3 % del total. A continuación figuraron los estudiantes extranjeros, con 343 casos, y el visado de ingeniería, humanidades y servicios internacionales, con 63.
Detrás de muchas de estas retiradas aparecen patrones ya conocidos por las autoridades japonesas. En el caso de los pasantes técnicos, una parte importante de los expedientes suele estar vinculada al abandono del puesto o al incumplimiento de la actividad autorizada. Entre los estudiantes, uno de los focos habituales son quienes dejan de estudiar o permanecen en el país durante meses sin ajustarse a las condiciones de su estatus. El grueso de las cancelaciones en 2025 se concentró precisamente en la causa legal que cubre a quienes dejan de realizar la actividad que justificaba su residencia.
El dato de los residentes permanentes llamó especialmente la atención porque afecta a una categoría que en Japón se considera la más estable entre los extranjeros no nacionalizados. En 2025, siete personas con residencia permanente perdieron ese estatus después de comprobarse que habían obtenido el permiso mediante fraude o declaraciones falsas al entrar en Japón, según el texto que compartiste.
El contexto de fondo ayuda a explicar por qué el Gobierno está poniendo más foco en este terreno. En paralelo al crecimiento del número total de residentes extranjeros, Japón ha ido endureciendo en los últimos meses varios criterios migratorios. The Japan Times informó en febrero de que la agencia revisó las directrices para solicitar la residencia permanente, elevando de tres a cinco años el requisito de duración del visado previo y endureciendo el examen de antecedentes relacionados con impuestos y cotizaciones.
En otras palabras, Japón está intentando equilibrar dos necesidades que a menudo chocan entre sí: por un lado, depende cada vez más de la mano de obra extranjera y del alumnado internacional; por otro, quiere transmitir una imagen de mayor control sobre el uso real de cada estatus de residencia. El aumento de cancelaciones en 2025 encaja justo en esa línea de endurecimiento.
La cifra también deja ver qué partes del sistema están más bajo presión. No afecta por igual a todos los visados, sino sobre todo a categorías donde Japón ha apoyado buena parte de su política de mano de obra y captación internacional, como los pasantes técnicos y los estudiantes. Eso convierte las cancelaciones no solo en una estadística migratoria, sino también en una radiografía bastante incómoda de las grietas del modelo.
