La reforma salió adelante en la Cámara Baja con el apoyo de la coalición gobernante y de varios partidos de la oposición, lo que hace probable su aprobación definitiva durante la actual sesión parlamentaria, que termina en julio. Si supera también la Cámara Alta, las nuevas tasas entrarían en vigor dentro del actual ejercicio fiscal, es decir, antes de marzo de 2027.
El cambio más importante está en el techo legal de los importes. La reforma elevará de 10.000 yenes a 100.000 yenes el máximo permitido para los trámites de cambio de estatus de residencia y prórroga del periodo de estancia. En el caso de la residencia permanente, el límite legal subirá de 10.000 a 300.000 yenes. Las cantidades concretas no quedarán fijadas en la ley, sino por orden ministerial dentro de esos márgenes.
Según la Agencia de Servicios de Inmigración, las cifras que se manejan como referencia son estas para la renovación o cambio de residencia:
- 3 meses o menos: 10.000 yenes
- 1 año: 30.000 yenes
- 3 años: 60.000 yenes
- 5 años: 70.000 yenes
Para la residencia permanente, la tasa que se estudia aplicar rondaría los 200.000 yenes.
Eso supone un salto enorme respecto a la situación actual. Hasta ahora, el tope legal para estos procedimientos era de 10.000 yenes y, en la práctica, las solicitudes de renovación o cambio de estatus solían moverse en importes bastante más bajos. The Japan Times recordó en 2025 que la subida administrativa anterior había llevado la renovación y el cambio de estatus a 6.000 yenes en ventanilla y 5.500 yenes online, frente a los 4.000 yenes previos.
La reforma, por tanto, no es una simple actualización menor. Es la primera gran revisión del techo legal desde 1982, según la cobertura de marzo de The Japan Times. Eso la convierte en un giro relevante dentro del endurecimiento más amplio que Japón viene aplicando en materia migratoria en los últimos meses.
El Gobierno defiende que el aumento de ingresos servirá para financiar medidas de respuesta al crecimiento de la población extranjera residente y a la presión sobre el sistema migratorio. En paralelo, el mismo proyecto también contempla la creación de JESTA, un sistema de autorización electrónica previa para viajeros de corta estancia, cuya introducción está prevista para el ejercicio fiscal 2028.
La subida amenaza con convertirse en uno de los cambios más sensibles para muchos extranjeros en Japón, especialmente para quienes tengan que renovar residencia con frecuencia o estén planeando solicitar la permanente. En términos prácticos, el sistema migratorio japonés se encamina hacia trámites mucho más caros y, probablemente, hacia una percepción más dura del coste de establecerse a largo plazo en el país.
