Desde este 1 de octubre de 2026, las empresas y demás empleadores de Japón están obligados a adoptar medidas para prevenir y responder al llamado customer harassment o kasuhara, el acoso ejercido por clientes o usuarios contra trabajadores.
La reforma obliga a los empleadores a definir una política de actuación, comunicarla a la plantilla, establecer un sistema de consulta y responder de forma rápida y adecuada cuando se produzcan casos. La obligación alcanza también a pequeñas empresas con personal contratado.
El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar define el kasuhara como conductas de clientes u otras personas que superan lo socialmente aceptable y deterioran el entorno de trabajo. Entre los ejemplos incluidos en las orientaciones oficiales aparecen amenazas, insultos graves, exigencias desproporcionadas, coacciones y determinadas campañas de hostigamiento en redes sociales.
También cambia la protección durante la búsqueda de empleo
La misma reforma hace obligatorias las medidas contra el acoso sexual a candidatos durante entrevistas, procesos de selección e internados. El Gobierno ha publicado directrices específicas y prevé apoyo técnico para empresas que todavía no hayan adaptado sus procedimientos.
