Japón ha iniciado este abril una de las reformas familiares más profundas de las últimas décadas con la entrada en vigor de la custodia compartida tras el divorcio.
Desde el 1 de abril de 2026, los padres que se separen ya no están obligados a elegir un único titular de la custodia, sino que pueden optar entre custodia exclusiva o conjunta, algo que hasta ahora no era posible en el sistema japonés.
El cambio pone fin a un modelo que llevaba décadas marcando el derecho familiar japonés y que situaba a Japón como una excepción entre las grandes economías avanzadas. Hasta ahora, tras un divorcio, solo uno de los progenitores conservaba la autoridad legal sobre el menor. Con la reforma del Código Civil, esa lógica deja de ser la única salida posible.
Bajo el nuevo sistema, los padres podrán acordar si quieren mantener una custodia conjunta o si prefieren que quede en manos de uno solo. Cuando no haya acuerdo, será el tribunal de familia quien decida en función del interés del menor. La ley también prevé que, si existen sospechas de violencia doméstica o abuso, el tribunal pueda inclinarse por la custodia exclusiva.
La reforma no se limita a los nuevos divorcios. Incluso quienes ya se divorciaron bajo el antiguo sistema podrán acudir a los tribunales para pedir un cambio a custodia compartida. Eso amplía mucho el alcance de la medida y anticipa que sus efectos no se van a notar solo en las nuevas rupturas, sino también en familias que ya estaban organizadas bajo el modelo anterior.
En la práctica, el cambio afecta a decisiones importantes sobre la vida del menor. Bajo la custodia conjunta, ambos progenitores deberán participar en cuestiones de peso, como la educación o el lugar de residencia del hijo, mientras que los asuntos cotidianos o urgentes podrán resolverse de forma individual. Sobre el papel, la reforma busca mantener más implicados a ambos padres en la crianza tras el divorcio.
El Gobierno japonés ha defendido la medida como una forma de colocar el interés del niño en el centro del sistema y de evitar que uno de los progenitores quede completamente apartado de decisiones relevantes. La reforma también llega acompañada de otro cambio importante: desde el mismo 1 de abril ha entrado en vigor un sistema de pensión alimenticia mínima legal que permite reclamar al menos 20.000 yenes al mes por hijo incluso aunque no existiera un acuerdo previo entre las partes.
Pero la nueva ley no ha llegado envuelta en consenso. Desde hace meses, el debate en Japón se ha movido entre dos posiciones muy marcadas. Por un lado, quienes veían injusto que el progenitor no custodio pudiera quedar prácticamente excluido de la autoridad legal sobre el menor. Por otro, quienes alertan de que la custodia compartida puede convertirse en una fuente añadida de presión en casos de relaciones conflictivas, especialmente cuando ha habido control, abuso o violencia.
Ahí es donde empiezan las dudas más terrenales. La teoría legal es clara, pero su aplicación diaria promete ser más enrevesada. Escuelas, hospitales, administraciones locales y otros entornos de la vida diaria podrían verse obligados a manejar situaciones en las que los progenitores discrepen sobre cuestiones importantes. El Ministerio de Educación ya ha dejado caer que los centros escolares no deberían asumir el papel de árbitro entre ambas partes, una señal bastante clara de que la reforma no solo cambia la ley, sino también los puntos de fricción del día a día.
La entrada en vigor de la custodia compartida marca así un punto de inflexión para Japón. No se trata solo de una reforma jurídica, sino de un cambio en la forma de entender la familia tras el divorcio. El antiguo esquema ofrecía una salida simple, aunque muy rígida. El nuevo sistema promete más equilibrio entre progenitores, pero también exige más coordinación, más intervención judicial y probablemente más roces en los casos en que esa cooperación simplemente no existe.
