La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón comenzará en octubre a participar en inspecciones presenciales conjuntas en obras de demolición para detectar posibles casos de empleo ilegal de trabajadores extranjeros. El nuevo sistema permitirá comprobar directamente la situación de residencia de las personas que trabajen en esos centros.
Hasta ahora, los inspectores de inmigración acudían principalmente cuando existían sospechas previas o denuncias. Otros organismos sí realizaban controles periódicos en obras y centros relacionados con el desguace o almacenamiento de vehículos, pero no tenían las mismas facultades para verificar el estatus migratorio de los trabajadores.
Controles conjuntos con otros organismos
El primer operativo está previsto para octubre y contará con la colaboración del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo. La intención es incorporar a funcionarios de inmigración a controles que ya se realizan por otros motivos administrativos.
Durante estas inspecciones, los agentes podrán solicitar la tarjeta de residencia a los trabajadores extranjeros. La normativa japonesa obliga a los residentes extranjeros sujetos a este sistema a llevar consigo la tarjeta y mostrarla cuando la requieran determinados agentes autorizados.
Si se detecta a una persona trabajando sin un estatus que permita esa actividad, podrá recibir una orden para comparecer ante una oficina de inmigración. A partir de ahí pueden abrirse procedimientos tanto sobre la situación del trabajador como sobre la empresa que lo haya contratado.
El foco está en sectores con riesgo de contratación irregular
Las autoridades consideran que determinadas actividades de demolición, desguace y tratamiento de vehículos presentan dificultades especiales de fiscalización. La nueva coordinación pretende cubrir el vacío que existía cuando los inspectores de otros ministerios encontraban trabajadores extranjeros pero no podían comprobar por sí mismos su situación migratoria.
La medida no supone que todos los trabajadores extranjeros de estos sectores estén bajo sospecha, sino un cambio en la forma de realizar las inspecciones administrativas a partir de este otoño.
