La Agencia Nacional de Policía puso en marcha el 19 de octubre un comité de expertos para estudiar nuevas medidas contra el acoso persistente, entre ellas la instalación de dispositivos GPS a determinados agresores.
El grupo analizará cómo se aplicaría el control, qué personas quedarían sujetas a él y qué garantías jurídicas serían necesarias. También estudiará la posible obligación de recibir tratamiento médico, psicológico o asesoramiento cuando exista una orden que prohíba continuar el acoso.
Japón registró 22.881 consultas relacionadas con estas conductas en 2025. Las órdenes de prohibición alcanzaron un máximo histórico de 3.037, mientras la escasa asistencia voluntaria a los programas de tratamiento ha llevado a estudiar mecanismos de cumplimiento obligatorio.
